La Guardia Civil los conoce, pero porque ya han intentado robar varias veces en su nave. “No nos han hecho ninguna inspección”, dice orgulloso Jorge Molina, el gerente. “Esto es una empresa normal y corriente. En vez de vender lechugas vendemos semillas que está prohibido germinar. Esa es otra lucha”. Jorge nos recibe en los 1.800 m2 que su empresa, Leaf Life, tiene al sur de Madrid, en el polígono industrial de Rivas. Cada día entran y salen unos seis camiones para cargar o descargar material. Hay semillas de cannabis, principalmente, pero también sustratos de cultivo, accesorios para huertos y demás parafernalia: mecheros, pipas o grinders para cortar la hierba. En 2016 facturaron 12 millones de euros y este año prevén superar los 15, tres veces más de lo que ingresaban hace cinco, en 2013. Cultivar marihuana está prohibido en España, pero su negocio florece: “Ya veremos si tiene futuro”, ríe.
La batalla por la legalización de la marihuana vive un momento especial. El pasado mes de octubre, Canadá atrajo las miradas de medio planeta al convertirse en el primer país del G7 en aprobar su consumo y producción. En EEUU ya son diez los estados que permiten la recreativa y 33 los que consienten la medicinal. En América Latina, Uruguay fue el primer país que la legalizó (en 2013) y Chile discute si aprueba el autocultivo y consumo privado con fines tanto medicinales como recreativos. En Europa, Portugal descriminalizó el consumo y tenencia de todas las drogas para uso personal en 2001, Holanda lleva años permitiendo comprar y fumar en coffee-shops y la República Checa aprobó su uso terapéutico en 2013. La legislación varía por países, pero algo queda claro: a medida que la actitud social ante esta droga se relaja, muchos gobiernos actualizan su legislación.
En España, mientras tanto, vivimos una situación peculiar. Nuestro país es el cuarto consumidor de cannabis de Europa –el 17,1% de los adultos lo toman, según datos del Observatorio Europeo de las Drogas– y el último barómetro del CIS mostró que la mitad de los españoles (el 47,2%) están a favor de legalizar su venta y la mayoría (el 84%) aprobarían su uso médico. El sector crece, los clubes de fumadores también –ya hay más de 1.100 en todo el país–, pero las iniciativas para su regulación, encabezadas por Podemos y Ciudadanos, están estancadas en el Congreso [en marzo iba a comenzar la discusión de un proyecto de ley de la formación morada, pero la convocatoria de elecciones generales la ha paralizado].
Francisco Igea, diputado de Ciudadanos y autor de una proposición no de ley para legalizar el cannabis medicinal, lo resume así: “Si eres partidario de que no se consuma no estás en un buen sitio, porque somos un país consumidor. Y si eres partidario de la legalización, tampoco, porque la legislación es prohibicionista. Vivimos en el peor de los mundos”.
¿De verdad es para tanto? Sí y no. “Todos en España conocemos a alguien que consume. Hay normalización”, añade el abogado especializado en cannabis Bernardo Soriano. “El que quiere fumar, fuma. Eso desincentiva la movilización: si algo es accesible no te molestas en su regulación”. Aunque el que quiera fumar, fume, a día de hoy están prohibidos el autocultivo (si se ve desde la calle), el consumo fuera de casa, la tenencia y la venta de cannabis. Incluso los clubes de fumadores se enfrentan a acusaciones de asociación ilícita y tráfico de drogas.
Una ‘growshop’ de 30 metros
Leaf Life nació hace 18 años en Madrid. “Empezamos con una tienda de 30 m2. Ya existían las growshops [tiendas para cultivadores], pero aún eran muy pocas. Fueron aumentando y casi no había distribuidores. Se compraba mucho en Holanda, que es la cuna, pero tenías que buscarte la vida”, continúa Molina. Viendo el hueco en el mercado, empezaron a distribuir fertilizantes a otras tiendas desde su pequeño local. “Comprábamos camiones enteros. Y como la tienda no daba abasto, pillamos un almacén en Paracuellos del Jarama. Nos fuimos a otra nave más grande, luego a otra, a otra... Y cerramos la tienda, porque no estaba bien visto que compitiéramos con nuestros propios clientes”.
Hoy, Leaf Life es una de las principales distribuidoras al por mayor de productos para el autocultivo de cannabis de nuestro país. Venden desde semillas –empaquetadas como artículos de coleccionismo, la única forma de hacerlo legalmente– y fertilizantes a equipos de iluminación para huertos caseros. En sus naves de Madrid y Barcelona trabajan unas 45 personas y su fundador, Carlos Yerbes, es toda una institución: cuando la distribución ya estaba en marcha, montó la revista y la feria más importantes del sector, Cannabis Magazine y Spannabis (que va por su decimosexta edición), sobre las que acaba de anunciar su venta al grupo estadounidense High Times, que publica desde 1974 la revista homónima y organiza la feria más famosa, la Cannabis Cup.
A medida que el negocio crece, la empresa lo diversifica, “por si en el futuro se fastidia”. Lo hace creando sus propias marcas de parafernalia (“es perfectamente legal”) y mirando a Sudamérica, Grecia o Italia, aunque sus principales clientes sigan siendo tiendas españolas. ¿Cómo encajarían una posible regulación? Molina duda: “Tú imagina que prohíben las semillas y ya nadie planta en casa. O que legalizan las tiendas y todo el mundo compra cigarros allí”, dice: “O, sin embargo, que dan licencias para el cultivo y esas empresas necesitan material. Puede ser bueno... o no”.
El frente político
Bernardo Soriano es abogado y una de las personas que mejor sabe “cómo están las cosas” en España. Desde su despacho en Carabanchel, al sur de Madrid, defiende y asesora a cultivadores y clubes y ejerce como portavoz de Regulación Responsable, la plataforma de lobby que ha impulsado muchas de las iniciativas a favor de la regulación.
Hace cuatro años, Soriano redactó junto a cien organizaciones más una propuesta de “regulación integral”. Pretendían distanciarse de los actores clásicos del sector, que centraban su activismo en el autocultivo y los clubes, y abrir las miras para influir en políticos, médicos y medios de comunicación. “Había reivindicaciones orientadas a lo que una serie de gente hacía, pero para que una regulación sea eficaz tiene que ser integral, porque si no se pervierte”, explica. La propuesta tiene cinco puntos: permitir el autocultivo personal, los clubes –“bien entendidos” para que permanezcan como asociaciones y no se conviertan en tiendas–, un sistema de licencias para cultivar y vender, políticas educativas y acceso al medicinal. Con el texto redactado, fueron a hablar con todos los grupos políticos. Solicitaban la apertura de una ponencia en la comisión para el estudio del problema de las drogas: “Nuestra intención era que se planteara de forma conjunta por todos los grupos, que no se hiciera partidismo de algo tan importante. Es una cuestión de Estado”. Salió mal: “Algunos dijeron que sí, pero no fueron juntos”.
En marzo de 2017, Unidos Podemos tomó la iniciativa y presentó su proposición solicitando la apertura de esa ponencia. El propio Soriano acudió a la entrega: “Una vez planteada, dijimos: ahora tenemos que presionar para que salga adelante. E intentamos convencer en muchas comunidades autónomas a los grupos políticos para que instaran al gobierno mediante mociones, pronunciamientos y proposiciones. Queríamos hacer fuerza desde la periferia al centro”. Eso sí salió bien. Lo consiguieron en Valencia, Cantabria, Euskadi o Navarra, donde se registraron iniciativas para impulsar la regulación estatal.
El problema fue que, un mes antes que Podemos, Ciudadanos había presentado su propia proposición no de ley en el Congreso para regular solo el cannabis medicinal. Y que, al considerar que trataban el mismo tema, se vetó la de Podemos: “Se dio a entender que es lo mismo el cannabis recreativo que el medicinal, cuando no es así”, cuenta frustrado Soriano. “Por eso está bloqueado”.
Lo urgente
Igea está en el Congreso de los Diputados. Subimos a uno de los despachos que el partido tiene para hacer entrevistas [hasta la disolución de las Cortes fue portavoz en la Comisión de Sanidad]. Además de diputado por Valladolid, es médico. Considera que la legalización del cannabis medicinal es “urgente”. “Por una razón sencilla”, apunta: “Una cosa es la urgencia, los pacientes, que se puede solucionar con poco debate. Otra, el uso recreativo, que no entendemos como tal. En la mayoría de países se ha hecho por este orden: con la experiencia del cannabis medicinal, aprendes de tus errores en distribución o control. Pero hay pacientes que lo necesitan ya. Donde más evidencia de su funcionamiento hay es en el dolor neuropático, en la espasticidad, en algunos tipos de glaucomas, anorexia o quimioterapia. Ni siquiera es necesario cambiar la ley. Solo necesitamos una orden ministerial que regule la dispensación”.
Actualmente en España solo hay un medicamento legal con extractos de cannabis: el Sativex, que contiene THC y CBD, dos de los principales componentes de la planta: “Está en farmacias y es muy caro: unos 500 euros los 30 ml”, explica Mariano García, médico y portavoz del Observatorio Español del Cannabis Medicinal, otro de los entes que más batallan en este frente. Pero los médicos también lo recetan en forma de aceite, cápsulas o parches: “Desgraciadamente, el usuario de cannabis ha optado por la peor vía: fumarse un porro. Pero se puede consumir sublingual, por vía rectal o intranasal. Mis pacientes no pueden disfrutarlo porque no está regulado, así que hacemos lo que podemos”. Además, solo dos empresas y tres centros de investigación tienen licencia para cultivarlo con fines terapéuticos y de investigación: entre ellas, Alcaliber, el monopolio del opio legal del multimillonario Juan Abelló. El sistema de licencias para cultivo levanta cierto escepticismo entre algunos, que consideran que una medida así dejaría la producción en manos de unos pocos.
Aunque no lo consideren urgente, en Ciudadanos también están a favor de regular el cannabis recreativo. Antes, eso sí, habría que aumentar la percepción del riesgo: es una droga, pero hoy la gente se fuma un porro como se toma una caña. “Vamos al revés. Estamos haciéndolo con el alcohol y el tabaco, pero no con el cannabis”, considera Igea: “Hay que aprender de los errores: prohibir la publicidad, el consumo antes de los 21 años, avisar de que no es inocuo, que genera desempleo y fracaso académico. Es una política seria. Para nosotros esto no es lo que dice Podemos: fiesta, recaudamos impuestos y resolvemos el problema de la agricultura. Decirlo así es inconsciente”. Podemos proponía el control estatal de la producción y las licencias, el autocultivo, e incidía en los ingresos y puestos de trabajo que generaría para el país.
La economía de club
A primera vista es difícil de detectar. Es un local bajo, en una colonia de pisos de estética setentera cerca del Retiro, en Madrid. Al pasar por la primera puerta nos saluda un dependiente: están de promoción y si traes a un acompañante la membresía le sale gratis. Escanea los DNI, nos hace una foto de carné y entrega un pequeño token antes de pasar. En condiciones normales, sin oferta especial, la anualidad sale a 40 euros, de los cuales 30 se pueden gastar en marihuana o hachís. Se compra y consume dentro. No es exactamente un bar –el ambiente es más relajado, hay muchos sofás y televisiones para jugar a la consola–, pero en la práctica es un espacio para tomar unas cervezas mientras fumas porros con seguridad. Pese a operar al margen de una regulación específica, los clubes sociales son uno de los eslabones más establecidos del sector del cannabis español. Funcionan como asociaciones sin ánimo de lucro cuyos miembros comparten un fin: consumir.
“El modelo de clubes es de aquí”, apunta Soriano. “Es una historia larga. Nunca han estado regulados. Pero a finales de los 90 había un problema con la heroína e iba gente a prisión por vender pequeñas cantidades: uno compraba y la consumían entre ellos. La jurisprudencia innovó para sacarlos. En realidad estaban realizando consumo conjunto, así que se generó esa doctrina como extensión del consumo personal: un grupo de personas identificadas, adictas, hacen consumo privado sin trascendencia pública. En el 2000, un iluminado profesor de derecho penal dice: ¿cómo podemos cumplir todos los requisitos del consumo compartido para el cannabis? Con asociaciones”.
En los últimos años, ha habido un boom de clubes, sobre todo en Madrid, donde hay más de 180: “Se empieza a generar una bola y, al no haber requisitos, cada vez hay más y más grandes. Esto genera alarma social, sobre todo en Cataluña, donde hay asociaciones de miles de socios”, continúa el abogado: “La Fiscalía General del Estado los criminaliza y da parte a los fiscales para que se los acuse no solo de tenencia de drogas, sino de asociación ilícita”. Cataluña terminó regulando su situación, pero en Madrid se ha ordenado el cierre cautelar de muchos. Aun así, varias sentencias del Supremo han aplicado el “error de prohibición”, una figura poco habitual que reconoce que el acusado estaba convencido de que lo que hacía era legal: “Si te aprueban unos estatutos diciendo lo que vas a hacer, sabes que hay miles de asociaciones y sentencias absolutorias, se genera una apariencia de legalidad”, zanja Soriano.
Al margen de la zona gris en que operan, hay quien ha visto en los clubes un filón para hacer negocio. MJ Freeway es una empresa estadounidense que desarrolla software para dispensarios y que hace tres años aterrizó en España: “Nuestro perfil de cliente es peculiar”, explica Juanma Fernández, el responsable comercial para España: “Aquí son principalmente los clubes de cannabis, el homólogo a los dispensarios que juega un poco con la ley. Nuestro software les aporta la seguridad de que hacen lo que deben: registro de socios, aportaciones mensuales... Es un sistema empresarial porque genera ingresos, aunque esté desprofesionalizado”. El modelo es tan peculiar que han desarrollado una versión específica para España: “Hemos ido haciendo pequeños cambios. Los clubes no tienen que cumplir ninguna normativa porque no la hay. Así que todo lo que consideramos es lo que nos dicen los abogados que es menos arriesgado”.
Los clubes, coffee-shops a la española, son también una de las primeras patas para empezar a calcular cuántos ingresos dejaría la legalización en nuestro país. En Quebec (Canadá), por ejemplo, una empresa estatal es la que reparte el cannabis y no hay iniciativa privada. En Uruguay la única forma de acceder tanto a la planta como al autocultivo es registrarse en un registro público, de forma que se evite el turismo. En Holanda, el turismo de drogas creció tanto que el país reguló para prohibir la entrada a los turistas. ¿Qué haría España de cara a la comercialización? “Tendríamos que analizar qué es mejor: si empresa pública, licencias o autoconsumo”, dice Igea: “De una manera recaudas más impuestos, de otra la gente es más libre pero tienes más problemas de tráfico... Hay que analizar”. Soriano apunta: “La gente cultivaría para su uso sin licencia. Habría tres tipos: producción, cultivo y manufactura, que transforma el cultivo en otros productos. Y luego la licencia de venta, para comprar y fumar en ese sitio. No hay datos reales de qué cantidad de dinero se generaría. Hay gente que va a clubes y el 80% del acceso se hace a través del mercado negro”. La UAB hizo un primer estudio y calculó que se generarían unos 3.200 millones de euros anuales, entre impuestos directos e indirectos, cotizaciones a la Seguridad Social y otras retenciones por la actividad.
La cautela del político y el abogado contrasta con la del empresario y el médico, que ven en el cannabis un importante componente social: “Estará socialmente aceptado cuando tú pases por un bar y puedas fumar un porro”, incide García: “En el bar hay un camello legal, de alcohol. La gente celebra emborrachándose y es más peligroso que un canuto. La cultura cannábica es equivalente a la del vino: un señor no puede tener cannabis pero sí viñedos. Para hacerlo bien, tenemos que conocer lo que utilizamos, hacerlo con cabeza y consumir cannabis de calidad”.
“Yo no perdería el tiempo”, concluye Molina. “Empezaría a moverlo y lo legalizaría porque nos va a pillar el tren. Seríamos el primer país en Europa, seríamos una potencia. Y luego está el turismo: la cantidad de gente que vendría con el sol, sabiendo que pueden estar aquí y fumarse su porro”.
